Por Robert Benitez-NotiExpreso.Com- El Ministerio Público estableció este lunes que el exdirector del Seguro Nacional de Salud, (SeNaSa) Santiago Hazím Albainy desde antes de ser nombrado, “ya se encontraba recibiendo beneficios como vehículos de alta gama por parte de empresarios que, a lo largo de su gestión, formarían parte de la estructura fraudulenta que se benefició del presupuesto del seguro” estatal.
Asimismo, el imputado había establecido compromisos económicos que cumpliría una vez asumiera el control de la institución, según detalla el acápite 18 de la página 13 del expediente de solicitud de medidas de coerción del Ministerio Público.
«Desde antes de ser nombrado, el imputado Santiago Marcelo Hazim Albainy ya se encontraba recibiendo beneficios como vehículos alta gama, por parte de empresarios que a lo largo de su gestión formarían parte de la estructura fraudulenta que se benefició del presupuesto del Seguro Nacional de Salud, de igual modo, estableció una serie de compromisos económicos para cumplir cuando asumiera el control de esta institución pública», establece el documento.
De acuerdo con el documento acusatorio, la Procuraduría sostiene que el exdirector de SeNaSa “presentaba antecedentes relacionados con operaciones ilícitas por parte de empresas de su propiedad, sociedades comerciales y personas vinculadas, que operaron como un frente para gestionar maniobras de corte fraudulento en perjuicio del Estado”.
El expediente indica además que estas operaciones le generaron beneficios económicos ilícitos antes y durante su administración al frente del seguro estatal.
El Ministerio Público explica que la investigación se inició tras una serie de hallazgos provenientes de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, en su calidad de ente supervisor del Seguro Familiar de Salud (SFS) y del Sistema Dominicano de Seguridad Social .
Estas entidades advirtieron sobre conductas irregulares en diversas áreas de SeNaSa, lo que desencadenó la recolección de evidencias que revelaron “múltiples esquemas fraudulentos orientados a la obtención de beneficios económicos ilícitos”, afectando de forma directa los recursos destinados a garantizar la atención en salud, especialmente de los afiliados más vulnerables.
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