Por Robert Benítez//EsteNoticia.Com—Como apartadas de la verdad calificó la magistrada
Procuradora Fiscal de San Pedro de Macoris,las recientes declaraciones vertidas
por el abogado Odalis Ramos quien acusó al ministerio público de producir
traslados de presos condenados hacia lugares desconocidos, ya que lo que están haciendo
es evitar que vuelva a congestionarse el recinto.
La Lic. Idalia Jiménez aclaró que no es ella quien dispone de los espacios
en los recintos sino más bien a ellos se les informa donde hay disponibilidad y
por lo tanto los envían donde haya cupo disponible.
Dice que para la fiscalía
fuera mejor dejarlos aquí en San Pedro, porque le resultaría más económicos, no
solo a ellos sino también a los familiares que deben incurrir en gastos más
elevados para ir a verlos y llevarles algo.
Jiménez expresa
que le ha costado mucho esfuerzo adecentar la cárcel preventiva, ya que esta tenía
una población de más de 200 presos y que parece que sus detractores lo que
desean es que situaciones como esa se vuelvan a repetir y que eso no lo permitirá.
´´ Los que guardan prisión se
trasladan a cárceles conocidas y se le entrega un informe de esa situación tanto
al encargado de la preventiva, se coloca un listado en ventanilla de la fiscalía,
se le envía la lista a los tribunales y a su vez a Defensoría Pública ´´
Negó el supuesto
ocultamiento de las personas en conflicto con la ley pero fue enfática en señalar
que no puede dejarlos en la preventiva y que si dependiera de su persona permanecerían
en su tierra natal.
La representante del ministerio público dijo que
en el CCR San Pedro le han informado que no tienen colchones y que tienen unos
espacios que deben readecuarlos para poder recibir más personas.
Pidió la unión de
todos para poder lograr el objetivo de tener una cárcel preventiva sin los
problemas que antes tenía ya que no podemos volver a esa situación.
Finalizó diciendo
que la solicitud de traslado de su persona no tiene fundamento legal porque
entonces tendrían que trasladar a todos los fiscales porque los traslados de
reclusos son propios del ministerio publico.
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